El auge de las ciudades privadas cambia la manera de pensar la gobernanza urbana. Descubre sus ejemplos, riesgos y oportunidades para Latinoamérica.
En las últimas décadas, la urbanización en América Latina avanzó a pasos agigantados, aunque muchas veces de forma caótica y con desafíos que parecen insalvables: nula planificación, hacinamiento, congestión y desigualdad en el acceso a servicios básicos. Bajo este contexto, comienza a ganar protagonismo un fenómeno que podría cambiar las reglas del juego: las ciudades privadas.
Se trata de proyectos donde la gestión de la vida urbana —desde la infraestructura hasta las normas de convivencia— deja de estar exclusivamente en manos del Estado y pasa a ser controlada, de forma total o parcial, por actores privados.
Y lo que para algunos es la promesa de mayor innovación y eficiencia, otros lo ven como un debate profundo sobre democracia, equidad y acceso.
El modelo no es teórico: ya existen casos concretos que muestran tanto sus virtudes como sus dilemas.
En Honduras, la ciudad de Próspera, ubicada en Roatán, funciona bajo un marco de autonomía regulatoria, lo que permite atraer inversiones con reglas distintas a las del país.
En Corea del Sur, Songdo se levantó desde cero como una ciudad inteligente donde gran parte de la gestión fue liderada por consorcios privados.
NEOM, en Arabia Saudita, es quizá el caso más ambicioso: un megaproyecto futurista de USD 500.000 millones que busca ser una ciudad autónoma regida por la tecnología y la innovación.
Pero no todos los experimentos han sido exitosos. Lavasa, en India, se propuso ser la primera ciudad privada del país, pero enfrentó problemas regulatorios y de gobernanza que frenaron su desarrollo, recordando a todos que estos proyectos requieren mucho más que inversión: necesitan legitimidad social y un marco político sólido.
¿Podría Latinoamérica vivir un auge de ciudades privadas? Todo parece indicar que sí. El caso hondureño es un precedente, y en países como México y Brasil ya existen comunidades cerradas que funcionan como pequeñas ciudades autónomas, con servicios de seguridad, transporte y abastecimiento propios.
Y la oportunidad es clara: atraer inversión, ofreciendo servicios más eficientes y creando polos de innovación. Pero no están exentos de riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien quiere acceder a estas ciudades y no puede?, ¿de qué manera se integrarían con los municipios y regiones tradicionales? Y, sobre todo, ¿cómo asegurar que los derechos ciudadanos no queden supeditados a normas corporativas?
Las ciudades privadas son, en muchos sentidos, un laboratorio de lo que puede ser la gobernanza urbana del futuro. Pero la pregunta clave no es si llegarán a consolidarse, sino de qué se adaptarán a las realidades latinoamericanas, donde la desigualdad y la necesidad de inclusión son factores a la vista.
Para algunos, las ciudades privadas son el futuro de la innovación urbana; para otros, un riesgo que profundizaría las brechas sociales. Lo cierto es que este fenómeno ya está sobre la mesa y merece ser discutido con visión crítica, pero también con apertura hacia las oportunidades que podría traer.
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