No usar un software de gestión postventa inmobiliaria tiene un costo medible: lo vemos en reclamos que escalan a SERNAC, en plazos de garantía que se cumplen sin registro y en compradores que se frustran por falta de respuesta. Para una inmobiliaria que tiene varios proyectos, con cientos de unidades entregadas, cada incidencia que está sin trazabilidad se traduce en horas de trabajo, exposición legal y daño reputacional que rara vez se cuantifica hasta que ya es demasiado tarde.
Este costo no es abstracto. Un informe elaborado a partir de la Ley de Transparencia y publicado en 2026 mostró que, entre los corredores informales de propiedades en Chile, el 81% de las denuncias no fue acogido y un 60% ni siquiera obtuvo respuesta, cifras que reflejan lo que ocurre cuando la gestión postventa depende de canales dispersos y sin seguimiento centralizado.
Gestionar la postventa inmobiliaria manualmente implica coordinar actas de entrega, solicitudes de reparación y plazos de garantía a través de canales dispersos, como correo, WhatsApp u hojas de cálculo, por lo que no hay un registro único que muestre en qué estado está cada caso.
Cuando una inmobiliaria no puede demostrar la fecha en que recibió un reclamo ni la respuesta que dio, queda en desventaja frente al propietario que sí guardó el correo o el pantallazo del chat.
El costo se ve primero en los reclamos que llegan al SERNAC. Durante 2023, el organismo cerró 3.570 reclamos del mercado inmobiliario, concentrados en departamentos (56%), casas (35%) y reparaciones (3%). Cada caso implica horas de gestión y respaldo documental y, en los peores escenarios, exposición a demandas colectivas cuando el problema afecta a varios propietarios de un mismo proyecto.
La falta de respuesta oportuna también es medible en otro segmento del sector: el mismo informe de 2026 reveló que solo un 18% de las denuncias contra corredores recibió algún tipo de gestión, mientras el resto quedó sin acoger o sin respuesta. Un canal de seguimiento desordenado no solo produce un mal reclamo puntual: multiplica la probabilidad de que escale a instancias regulatorias.
La Ley General de Urbanismo y Construcciones (Ley N°20.016) fija plazos de garantía de 3 años para terminaciones, 5 años para instalaciones y 10 años para fallas estructurales, contados desde la recepción municipal o la inscripción del inmueble. Cuando no se tiene un sistema que registra fechas de entrega, el tipo de falla y el estado de cada solicitud, las inmobiliarias pierden la capacidad de acreditar cuándo comenzó a correr un plazo, justo cuando esa evidencia define si un reclamo prospera o se cae.
Cuando cada corredor, ejecutivo de postventa o jefe de obra maneja su propio historial de correos y mensajes con los propietarios, la inmobiliaria pierde visibilidad sobre el volumen real de incidencias abiertas. Esto, además, retrasa la detección de fallas recurrentes que, de identificarse a tiempo, podrían resolverse antes de escalar a un reclamo colectivo.
Un sistema como PlanOK Postventa concentra las solicitudes, actas de entrega y plazos de garantía en un solo registro, visible para el equipo interno y para el propietario mediante un portal dedicado. Y es claro que esto no elimina los reclamos, pero sí reduce el margen de error operativo, ya que cada solicitud queda con fecha, responsable y estado, lo que facilita responder dentro de plazo y sostener esa respuesta si el caso llega a SERNAC.